Mitos sobre la conflictividad social

En Perú, tras la tragedia del ‘Baguazo’ en el 2009, los principales medios de prensa hicieron un mea culpa y hablaron de la necesidad de voltear la mirada “hacia dentro”. Hablaron, también, de inclusión social como de una nueva área en el organigrama de los medios de comunicación. Obviamente todo quedó en nada. En buena cuenta porque eso no daba, ni da, rating. Salvo cuando se producen más de cinco muertos en un enfrentamiento; entonces sí resulta relevante.

Los conflictos sociales, según las estadísticas, van en aumento. Y no parece existir una política de prevención o estrategia que estreche las distancias entre las realidades peruanas en choque. Esto, en parte, porque no se entiende a cabalidad la naturaleza de los conflictos, que en nuestro país, en buena cuenta, son conflictos socioambientales.

Uno de los mitos más comunes de estos fenómenos es que siempre el pueblo, la comunidad o el sindicato están del lado equivocado; pero nunca así la entidad mayúscula, la empresa o el Estado. Se percibe que el descontento es un sinónimo de la ignorancia de los peruanos que no saben valorar “las bondades” que viene a brindar la gran empresa, y que lo único que falló en esa convivencia fue la mala o tardía publicidad de los beneficios.

Pocos se detienen a analizar el porqué de los reclamos de las comunidades. Y más bien recurren a otro lugar común que dice que los ciudadanos no actúan solos, sino movidos como borregos por oscuros intereses personales y políticos de dirigentes en la sombra. Esta teoría se basa principalmente en la idea de que los protestantes carecen de capacidad de discernimiento sobre su propia realidad, en pocas palabras: no tienen inteligencia suficiente, y son además altamente influenciables por cualquier prédica violentista. ¿Cómo creen que toman las comunidades este análisis? Como un insulto, por supuesto. Consideran humillante que los etiqueten como un rebaño incapaz de conocer su propia realidad o las bonanzas ofrecidas. De allí que la gran prensa, y sus corresponsales sobre todo, no la pasen nada bien en las zonas en conflicto.

La prensa casi nunca suele cuestionarse sobre si los “oscuros intereses” también son propios de la gran empresa, que sí tiene millones en inversión y en futuras ganancias.

Entendiéndose que el pedido común de las corporaciones cuando hay algún conflicto es que el Estado actúe y restablezca el orden “a cualquier precio”. Entonces, ¿de qué lado hay más intransigencia?

Cierto es que hay muchos dirigentes políticos que buscan hacer su agosto con la ira popular, pero no lo podrían hacer si no existiera, en primer lugar, dicha ira.

Otra idea común es que para llegar a un acuerdo, incluso antes de instalar una mesa de diálogo, es necesario resolver el clima de tensión al mismo precio del costo; osea, desalojar el bloqueo de tal carretera tomada dando un “lección ejemplar”, “que no se vayan sin recibir su merecido”, porque de lo contrario se pone en riesgo la expectativa de nuevas inversiones. Y entonces llegan los gases, las balas y los lamentos para que luego todos pontifiquen sobre inclusión social, otra vez.

Tomar una carretera es un delito, se sabe. ¿Pero alguien se ha puesto a pensar si esos peruanos son locos que se sientan en medio de los caminos para boicotear el tan anhelado progreso? ¿Son los peruanos tan insensatos como para ponerle trabas al progreso y al desarrollo?

¿O será que ellos sí conocen a fondo su realidad y saben lo que es mejor o peor para ellos?

¿Alguien se animará a crear una maestría en periodismo en conflictos sociales?