Percepciones y estados de emergencia

Cajamarca fue la Franja de Gaza durante los diez días que duró el paro contra el proyecto minero Conga, o al menos así lo describió la prensa capitalina. El escenario que pintaban las redacciones limeñas era generalmente de terror. Pero ¿fue así?

Todo indica que no. La situación en Cajamarca fue difícil, es cierto. Los piquetes y los bloqueos acordados por la logística de los frentes de defensa, conjuntamente con las rondas urbanas, generaron un estado de paralización de las actividades y de las comunicaciones en la región. Hubo gente que no estuvo de acuerdo con ello, básicamente empresarios y las familias de los trabajadores mineros. Pero aún así el escenario no presentaba la magnitud que exigiese un inmediato estado de emergencia. La mayoría de cajamarquinos, incluso los fastidiados con estas circunstancias, estaban a favor de las medidas de protesta al no encontrar otra forma de ser escuchados o de hacer sentir su presencia civil. Nuevamente la danza de los excluidos.

Hubo excesos que no se pueden justificar. En algunos momentos la protesta se les fue de las manos a los organizadores, los que debieron tomar medidas para impedir que las cosas se tornasen realmente peligrosas. Un mea culpa de los dirigentes sería bien recibido por los sectores no estuvieron de acuerdo con esta medida. No se puede justificar los excesos con la eterna excusa de “los infiltrados”. Con todo eso, el ambiente social no era de la dimensión que la gran prensa reportaba para todo el país.

La respuesta del Ejecutivo fue declarar en estado de emergencia a algunas provincias, movilizar miles de efectivos policiales y finalmente realizar el cambio ¿ideológico? del gabinete Lerner.

Cosa curiosa, Cajamarca no veía bien al premier Lerner, mucho menos al ministro Valdés, a quien consideraba un obstáculo para el diálogo. Cómo habrán cambiado las cosas para que muchos cajamarquinos sientan nostalgia por Lerner, quien evidentemente no estuvo de acuerdo con las medidas más desatinadas del gobierno en este conflicto, como detenciones a dirigentes sin orden judicial, denuncias penales a autoridades locales o el bloqueo de las cuentas al gobierno regional, etc.

A menudo se preguntan los analistas cómo Santos y Saavedra (que en realidad se repelen, ellos y sus movimientos) pudieron tener tanta capacidad de convocatoria. La respuesta es muy fácil, no la tuvieron. Lo que tuvo una gran capacidad de convocatoria fue la defensa del agua y la indignación (o revancha) con respecto a la minería. La gente no salía a las calles por Santos o Saavedra, la gente salía porque después de muchos años (siete desde la defensa del Quilish) encontraba una causa común con la que sentirse identificada. Las manifestaciones en el centro de la ciudad fueron generalmente masivas y pacíficas.

Es cierto que sin la organización y el apoyo del gobierno regional las protestas no hubiesen tenido la contundencia que mostraron. Lo que nos hace preguntarnos sobre el papel político y social de estas entidades. La crítica ha sido general. Se le exige a las alcaldías y gobiernos regionales no tomar parte en las protestas sociales. Lo cual resulta muy complicado, tomando en cuenta que autoridades como Gregorio Santos fueron elegidas precisamente por su discurso confrontacional y antiminero. Probablemente la no participación de estas autoridades hubiese sido tomada como una traición por las diversas bases sociales que apoyaron su postulación electoral. ¿Las autoridades deben ser apolíticas? Difícil.

Es evidente que ni Santos ni Saavedra se imaginaron la dimensión que tomaría todo esto.

Ahora que se ha levantado el estado de emergencia, todos esperan que ellos y la sociedad cajamarquina (quienes pidieron la revisión internacional de Conga desde un inicio) estén a la altura del diálogo y de las negociaciones que sean necesarias para ver una solución democrática a este conflicto. ¿Peritaje internacional del EIA? Al parecer es un buen punto de coincidencia.